14.12.15

Feministas exhortan a la Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, a que se incorpore la perspectiva de género a la redacción del examen de reválida


(San Juan, Puerto Rico – 14 de diciembre de 2015) – Un nutrido grupo de organizaciones y personas en su carácter individual entregaron en el Tribunal Supremo una misiva donde exhortan a la Jueza Presidenta a que ordene incorporar la perspectiva de género a la redacción del examen de reválida general.  La carta, firmada por abogadas, profesoras y activistas, muestra preocupación ante una pregunta de reválida donde un hombre da muerte a una mujer al encontrarla teniendo relaciones sexuales con otro hombre y darse un intercambio de palabras entre ambos.  Según establecido por la guía de corrección, la respuesta correcta requería que el o la aspirante concluyese que se había configurado un homicidio toda vez que el agresor actuó en un arrebato de cólera provocado por manifestaciones de la víctima.

“Es lamentable que el poder simbólico del Derecho se utilice para reproducir construcciones legales anquilosadas que no hacen otra cosa que validar la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres.  Es inaudito que en pleno Siglo XXI la Junta Examinadora exija concluir que es completamente plausible que un hombre promedio pueda tener un arrebato de cólera y matar a una mujer porque la encontró sosteniendo relaciones sexuales con otro” apuntó la Lcda. Mariana Iriarte Mastronardo.  De igual manera explicó que la iniciativa de la carta surgió luego de tener conocimiento de la problemática pregunta.  “Entendimos que era necesario manifestarle a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, que además es la Presidenta de la Junta Examinadora, nuestro malestar con la pregunta porque entendemos que existen muchas situaciones de hechos que permiten que se examine a los y a las aspirantes y a la vez se promueva la igualdad y el trato equitativo” sostuvo Iriarte Mastronardo.

Por otra parte, la Lcda. Verónica Rivera Torres, coordinadora general del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), expresó que es urgente incorporar la perspectiva de género no sólo al proceso decisional de jueces y juezas sino, además, al examen de la reválida.  “Sería interesante saber cuántos y cuántas aspirantes no obtuvieron puntos en esta pregunta por no ofrecer una respuesta machista.  Es penoso que la Junta refuerce concepciones equivocadas que luego se reproducirán en los tribunales y en otros ámbitos del quehacer jurídico” expresó la abogada.


Finalmente, las abogadas expresaron que lo sucedido en esta pregunta es una señal que valida el reclamo de transparencia en los exámenes de reválida que hace unas semanas atrás reclamaron las tres escuelas de Derecho del País.  “Sin duda, la transparencia es necesaria no sólo para aumentar el porcentaje de pase de los y las aspirantes sino, también, para evitar que concepciones estereotipadas y sexistas, como es el caso de la pregunta número tres, se manifiesten en los exámenes” finalizaron.

14.9.15

Próximo Jueves 17 de septiembre en el REB 238


La tenaz voluntad de gobernar para los mismos*



¨Contemplando el vacío¨ | Hyuro

Cada cierto tiempo la flexibilización laboral, que no es otra cosa que el achicamiento de los derechos laborales, es objeto de debate público. El sector empresarial ha sido enfático al afirmar la necesidad de una reforma en las leyes laborales y ha logrado que el Estado acoja ese reclamo como el portaestandarte del desarrollo económico.Aseguran que una flexibilización en la legislación protectora del trabajo aumentará la competitividad de la Isla y generará más empleo. Por eso, en Fortaleza, se cocina la reducción de los días de vacaciones, eliminación de bonos incluyendo el bono de Navidad, la flexibilización de lo que se considera justa causa para el despido, la extensión del periodo probatorio a dos años, la precarización de la juventud a través de leyes más flexibles para este sector, el cambio en el cálculo del tiempo extra, entre otras medidas.

Sin embargo, por otro lado, los sindicatos señalan que una reforma laboral que reduzca los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores no es la solución. Destacan, entre otras cosas, que experiencias previas demuestran que la reducción de beneficios laborales no han contribuido a disminuir los índices de desempleo y mucho menos han aumentado la productividad del País.

Y aunque lo anterior no fuese cierto, y a los fines de la argumentación estableciéramos que estas medidas adelantan algo, cabe preguntarse, desde una perspectiva ético-política o de justicia política, si es justo reducirle los beneficios y derechos adquiridos a un sector –en este caso mayoritario- en pos del “beneficio” del País. Indispensable es cuestionarse si la solución a la crisis es realmente un asunto de matemáticas como ha planteado el Gobernador. También urge conversar sobre quiénes conforman ese “País” que resultaría beneficiado con medidas como las propuestas y, por último, y sin pretensión de agotar las preguntas, qué tipo de arreglos político-institucionales adelantamos con el plan que prepara La Fortaleza.

Casi intuitivamente podemos decir que la reducción de las protecciones laborales no es una acción política justa. Contrario a lo que se ha planteado, además de ir en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras como clase, no obra en beneficio del País. Las implicaciones en las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía que estas medidas tienen lastiman aún más un ya lacerado entramado social, económico y político. Al fin y al cabo, parafraseando al exjuez Negrón, una no ve al País ligando cemento en la esquina. El País somos todas y todos y si las medidas de austeridad ahorcan a la ciudadanía, ahorcan al País.

La pregunta por la justicia de una acción siempre entraña interrogantes morales y consideraciones de filosofía política, máxime cuando lo que está en juego son las condiciones de vida de un sector. La justicia está directamente ligada a los arreglos institucionales, y por qué no, también a la distribución, en principio, de los bienes y las oportunidades. La pregunta por la justicia está vinculada a la legitimidad de las medidas y, por tanto, a su aceptación por parte de la ciudadanía.

En el caso de las medidas de reducción de protecciones laborales, el Gobernador ha asumido un discurso fácil de derrotar. La posición política que defiende La Fortaleza pretende hacernos pensar que está anclada en principios de justicia básicos. Hablan de “sacrificios” en pos del “beneficio” del País, intentando que compremos el discurso utilitarista que nos propone buscar la justicia en aquel punto donde se asienta el beneficio de la mayoría. Este discurso, en principio, puede resultar atrayente al oído ciudadano, sobre todo si tomamos en cuenta la campaña de demonización que el sector privado ha llevado a cabo consistentemente en contra de los trabajadores y de las trabajadoras del sector público. Sin embargo, el discurso oficial, además de los problemas políticos propios del utilitarismo, opera a base de una falacia. Es decir, para sostener su argumento concibe a las trabajadoras y a los trabajadores como grupo minoritario separado de la comunidad política y social que mediante las acciones de política pública se pretende beneficiar. Equiparan al País con la mayoría y a los trabajadores y a las trabajadoras con la minoría. De esta manera, se plantea que lo justo no es otra cosa que aquello que redunde en el mayor bienestar para el País. La reducción de los derechos laborales se vuelve así en la carta de triunfo del desarrollo económico. Los trabajadores y trabajadoras tienen, entonces, un deber moral de sacrificarse porque, al fin y al cabo, en palabras del Gobernador “[n]o podemos pretender sacar a Puerto Rico del atolladero de crecimiento económico tomando sol en la playa. Es trabajando, es con días de trabajo que se saca del atolladero al país”.

La aproximación anterior es una muy familiar en el contexto de crisis económicas y, como en el caso de la Isla, políticas. A menudo escuchamos hablar a quienes gobiernan de “sacrificios” o de “hacer patria” cuando se refieren a la implementación de políticas públicas que buscan reducir derechos laborales o imponer medidas de reducción del gasto público. Parecieran sugerir, de este modo, que lo justo es el resultado de sumas y restas de utilidades. Sin embargo, detrás del “bienestar” del País se esconde una lógica mucho más perversa que no dista mucho de aquella que guió el gobierno de Luis Fortuño.

Y, lo que entrañan estas políticas, a diferencia de lo propuesto por el Gobernador, no es un asunto matemático sino político. Una concepción sobre el rol del Estado muy particular que legitima y valida la posición del sector empresarial y el capital. En ese sentido, tal cual propone Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, las posturas políticas asumidas por el gobierno parten de una concepción mínima de Estado aunque les guste pensarse como una administración de vanguardia. La justicia resulta ser inversamente proporcional a la intromisión del Estado en asuntos que –a criterio del máximo exponente del libertarianismo- son estrictamente entre partes privadas regidas por la autonomía de la libertad.

La teoría de Nozick, a la cual parece adherir la administración de García Padilla, está basada en dos principios generales: la economía de libre mercado y la no regulación gubernamental. La libertad económica es central y para justificar la distribución desigual de la riqueza y el ingreso se analiza la manera en que se adquirió la propiedad. Así, el resultado –entiéndase mayor o menor acceso a la riqueza y al ingreso- no es importante; no importa qué tenga quién, si se adquirió válidamente, será desigual pero no por eso injusto. Se considera al intercambio como un acto puramente voluntario; el resultado final es producto de las decisiones individuales de cada sujeto. En el contexto laboral podría decirse que un salario de pobreza es el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por el individuo y el Estado no debe intervenir para aminorar los efectos de las decisiones individuales.

Así, para un gobierno que adhiera a estos principios, cualquier intento de redistribución de la riqueza y el ingreso a nivel estatal presenta una intromisión indebida a la libertad individual y el derecho fundamental a la propiedad. En este tipo de teoría lo justo es que las relaciones económicas y sociales se guíen mediante la autonomía de la voluntad. Se rechaza, en consecuencia, la legislación característica de los estados de bienestar y enfatizan que el desarrollo económico se encuentra en el sector privado con regulaciones mínimas. Igualmente, se opondrán tenazmente a legislación paternalista, la legislación moral y a la redistribución del ingreso y de la riqueza, a la cual acusarán de entorpecer el desarrollo y bienestar del País.

Es a base de lo anterior que, a menudo, escuchamos que la falta de competitividad de Puerto Rico se debe, principalmente, a la legislación laboral.Como señalara más arriba, agrupaciones como la Coalición del Sector Privado abogan por una flexibilización de las leyes de empleo y laborales. El gobierno, por su parte, al hacerse eco de los reclamos del sector patronal y responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la debacle, olvida que los derechos laborales que hoy están en tela de juicio fueron adquiridos mediante intensos procesos de luchas que desencadenaron la formulación de política pública orientada a la protección del empleo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

No es novedoso escuchar, cada cierto tiempo, que son los trabajadores y las trabajadoras quienes deben sacrificarse en pos del bienestar del País. De esta manera, consistentemente, el sector obrero ha visto amenazados los derechos conquistados a través del tiempo y sus luchas.

Puerto Rico desde finales de siglo XIX ha contado con un movimiento obrero organizado a pesar de que no fue hasta 1947 que se aprobó la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, legislación que pretendía regular las relaciones obrero-patronales. Esta legislación reconoce las posiciones desiguales entre el capital y el trabajo y busca subsanar o aminorar la diferencia a través del derecho que todo trabajador o toda trabajadora tiene a negociar colectivamente. Estos derechos fueron posteriormente elevados a rango constitucional: “Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias e instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán derecho a organizarse y negociar colectivamente con sus patronos por medio de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar”. El hecho de que se incluyera la negociación colectiva como un derecho constitucional nos da pistas sobre los criterios de justicia que guiaron, por lo menos, las regulaciones de las relaciones obrero-patronales. En este caso, tanto la legislación de 1947 como la Constitución de 1952 trataron de compensar las desigualdades entre los trabajadores y las trabajadoras y sus patronos. Además de la Ley de Relaciones del Trabajo y la sección 17 y 18 del artículo II de nuestra Constitución, existía, a mediados del siglo pasado, otra legislación protectora de los trabajadores y las trabajadoras y de su derecho a negociar colectivamente. Lo anterior como prueba de que los criterios de justicia albergados en nuestra legislación iban dirigidos a crear entre los sectores patronales y los sectores obreros una mayor equidad. 

La legislación puertorriqueña fue de la mano y enormemente influenciada por el desarrollo de una política laboral en Estados Unidos. Según lo demuestra la evolución de dicha política, Estados Unidos se movió de un modelo de desregulación basado en la autonomía de libertad individual para contratar a reconocer que la libertad de contratación tiene poco de libre y está absolutamente influenciada por el poder económico vinculado a cada contratante. Sin duda, este movimiento en el espectro de la equidad influenció la legislación puertorriqueña que no solo reconoció el derecho a negociar colectivamente sino que, además, lo elevó a rango constitucional.

Posteriormente, se fue aprobando legislación protectora del empleo que buscaba atender el despido injustificado, el discrimen, proteger a las madres obreras, el hostigamiento sexual, entre otras. Esto como parte de la búsqueda de un esquema de organización de la política laboral más igualitario que pudiera atender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras a la vez que se promovía la circulación del capital.

Hoy, sin embargo, los y las portavoces del capital, responsabilizan a la legislación laboral del atolladero en el que está sumido Puerto Rico. No obstante, la experiencia mundial ha demostrado que las medidas de austeridad no son la solución a la crisis y que profundizan la desigualdad social. Las mal llamadas reformas laborales tienen poco que ver con el aumento de la competitividad y el alza del nivel de empleo sino que, más bien, buscan una distribución de la riqueza basada en unos criterios de justicia muy particulares que privilegian un sector sobre otros. Eso no es matemática, es política.

La historia nos ha demostrado que el trabajo y el capital no están posicionados en una situación de igualdad en los procesos de negociación de las condiciones de trabajo. En tanto lo que caracteriza la relación obrero-patronal es una de poder donde el patrono tiene el capital y los medios para movilizarlo y, por tanto, la capacidad para imponer términos y condiciones, la autonomía de la voluntad se ve viciada por diferencias abismales de poder.

En este sentido, parece ser mucho más equitativo y justo la intervención del Estado en los procesos de negociación a través de la regulación de ciertas condiciones, términos, beneficios, salarios, entre otros, para asegurarse una mejor distribución de la riqueza. Desde una perspectiva de justicia deberíamos movernos a modelos más igualitarios en cuanto a la regulación del trabajo, esto requiere no solo que se promueva la legislación protectora del empleo sino que también se promuevan arreglos más equitativos a nivel estructural de manera tal que se traduzcan en mayor apoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras para así aumentar las posibilidades de obtener arreglos institucionales más justos y equitativos.

No podemos pensar que la justicia puede promoverse mediante la explotación del otro, ni que el bienestar del País se alcanza sacrificando siempre a los otros y a las otras. Lo cierto es que mientras mejores arreglos arriban la clave está en promover aquellas desigualdades que adelanten a quienes han sido estructuralmente privados de mejores oportunidades, no restarle derechos. No hay duda que uno de esos sectores está compuesto por los trabajadores y las trabajadoras, algunos en mayor medida que otros pero de todas maneras relegados en la carrera por la riqueza y su justa distribución.

El Estado que pretenda promover un desarrollo económico justo y democrático, lejos de flexibilizar las protecciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras debe convertirse en un agente de promoción de la equidad a través de legislación que promueva adelantar a aquellos y a aquellas que han quedado a los márgenes de la carrera. Además, debe promover mejores acuerdos institucionales que permitan a esos mismos sectores tener mayores oportunidades de acceder a la educación y a las posiciones de liderato político. Podemos lograr el País que soñamos y merecemos pero para construir un País más igualitario y justo hay que empezar por pensar que es posible y trabajar en esa dirección. De otra manera, quienes se han alternado en el poder y hoy nos dicen que la única solución para salir de la desolación en la que nos han sumido es entregar nuestros derechos laborales, seguirán poniendo por encima de la ciudadanía sus intereses y la deuda a la vez que se regodean en el caldo que ellos mismos cocinan mientras la gran mayoría ve precarizadas sus condiciones de vida y vituperadas sus esperanzas.

La reforma laboral que cocinan en la Fortaleza, sin duda, es un grupo de medidas que privilegia al capital sobre el trabajo y que atenta contra entendidos básicos de justicia. Ya lo dijo Otfried Hoffe: “quien tiene el monopolio del poder no solamente dispone de poder suficiente para llevar a cabo la justicia, sino que dispone también de poder para impedirla”. Hay otras alternativas para salir del atolladero, la auditoría ciudadana y la suspensión de los pagos de la deuda son solo dos de ellas, lo que no hay es valentía y voluntad política. O mejor dicho, sí hay voluntad, la voluntad de gobernar siempre para los mismos.


*Publicado originalmente en 80Grados, acá.

16.8.15

XV Congreso Puertorriqueño de Derechos Humanos

En el marco del 50 aniversario de la Comisión de Derechos Civiles, se estará llevando a cabo el XV Congreso Puertorriqueño de Derechos Humanos "Género y Sexualidad".  El mismo contará con la presencia de Tracy Robison y Ela Wiecko, quienes tendrán a cargo las conferencias magistrales.  Además, habrá diferentes paneles que profundizarán sobre la implementación de la perspectiva de género en el currículo escolar, la intersexualidad, la criminalización de la sexualidad y las transformaciones necesarias para la equidad.  El cierre estará a cargo del Dr. Efrén Rivera Ramos.  

En el caso de las abogados y de los abogados, el Congreso se acreditará como créditos de educación jurídica continua.  El Congreso es libre de costo, los días 2 y 3 de septiembre en el Hotel Verdanza en Isla Verde.  ¡No se lo pierdan!

Deudocracia*

Desde hace algunas semanas un grupo de personas proponen en las redes sociales radicalizar la democracia. Sostienen que el problema que atraviesa la Isla es más bien de tipo político. Por el contrario, el gobernador, en un mensaje donde anunció que la deuda pública es impagable, repetía que no se trata de política y que, en cambio, se trata de matemáticas, convencido de que sería un recorte en los números lo que nos libraría de nuestro destino apocalíptico. 
 
La devaluación de lo político y de la participación ciudadana han provocado que entreguemos la discusión y deliberación de los problemas públicos a un grupo de “expertos” que parecieran guardar un pote de soluciones mágicas. Inmediatamente, porque (mal)entendemos que “se trata de matemáticas y no de política”, comisionamos informes con recomendaciones a economistas de renombre que nos traen el menú tradicional de recetas neoliberales disfrazadas de cocina creativa. Recortes en los salarios, beneficios marginales mínimos, reducción de bonos de navidad y horas extra, flexibilización laboral, privatizaciones. Recetas que no han contribuido a aminorar la crisis en los países donde se han implementado y que, por el contrario, han profundizado la desigualdad social.

Así, la deuda comienza a redefinir nuestros arreglos institucionales. Se valida la modificación de los sistemas de retiro y de los beneficios de los empleados públicos a la vez que se aumentan los impuestos, se achican los servicios y se cierran escuelas. Al fin y al cabo “se trata de matemáticas, no de política” repetimos. mientras que con el mantra dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en deudores. Se inserta en el inconsciente colectivo la creencia de que todos somos igualmente responsables de la deuda. La democracia es reemplazada por la “deudocracia”. Ya no compartimos el País, compartimos la deuda.

Sin embargo, en el fondo, sabemos que no todos somos responsables de lo que benefició a unos pocos. La auditoría ciudadana es una herramienta poderosa que tenemos para estudiar la deuda pública y determinar qué porción de ésta es ilegítima o ilegal antes de continuar con los pagos a cargo del colectivo.

Para ello es importante recobrar la calidad de ciudadanos que la “deudocracia” nos ha robado. Es imprescindible recuperar el País, hablar con los vecinos, los compañeros de trabajo, las madres y los padres en las escuelas, radicalizar la democracia.

Si no rescatamos nuestra ciudadanía continuaremos dependiendo de las recetas de los expertos de las medicinas amargas. Tomar las riendas del País en sentido amplio es urgente, de otra manera la “deudocracia” seguirá poniendo la deuda primero que a la gente.

*Publicada en El Nuevo Día el 23 de julio de 2015, acá.

10.6.15

La defensoría del futuro*

7.6.15

Violencia y acceso a la justicia de las mujeres*

Imagen en publicación original 80Grados.net

El patriarcado y el capitalismo se han encargado de producir categorías binarias y subordinadas que han estructurado las relaciones sociales, económicas, políticas y afectivo-sexuales, entre otras. En esa producción de significado, la categoría mujer se configuró como una subordinada a la categoría hombre atribuyéndosele a esta última las características y privilegios propios de los grupos dominantes. Igualmente, el capitalismo se benefició –y continúa haciéndolo- de las subordinaciones creadas por el patriarcado, nutriéndose del trabajo no remunerado de las mujeres a quienes responsabilizó de las labores domésticas y la economía de los cuidados. 

No es raro entonces que en Puerto Rico, igual que a nivel mundial, las mujeres sean las más empobrecidas. En Sobrevivencia, pobreza y “mantengo”, la profesora Linda Colón reveló que, según datos de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, el 57% de las personas beneficiarias de los programas de asistencia nutricional al momento del estudio eran mujeres. Éstas, a su vez, representaban el 30% de las mujeres de Puerto Rico.[1] De igual forma, la investigación de la profesora Colón demostró que 354,331 familias, el 69% de las familias que recibían ayudas nutricionales, estaban encabezadas por mujeres.[2] Lo anterior se agrava si tomamos en consideración que las mujeres representan el 52% de la población[3] y que, para el año 2012, el 41.2% de la población boricua vivía bajo la línea de pobreza.[4] 

Asimismo, cuando miramos los índices de pobreza por municipio advertimos que la situación es tan crítica que en 43 de los 78 municipios más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza. Entre los casos más drásticos se encuentran Maricao, Orocovis, Morovis y Quebradillas.[5] En Maricao el 50.6% de la población son mujeres, en Orocovis las mujeres representan el 49.6% de la población, en Morovis son el 50% y en Quebradillas el 51.2%.[6] No puede haber dudas entonces de que la pobreza tiene rostro de mujer. Las causas son variadas, entre ellas el encargo del cuidado de los hijos y de las hijas como así también de envejecientes, la feminización de los trabajos con menor remuneración, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la falta de acceso a los recursos y a la propiedad, entre otras.[7] 

La violencia es, como señalara Amnistía Internacional en La trampa del género. Mujeres, violencia y pobreza, causa y consecuencia de la pobreza. La violencia afecta la capacidad productiva y de generar ingresos de las mujeres sumiéndolas en la pobreza. A su vez, la pobreza, en muchas ocasiones, las confina en relaciones abusivas, puesto que pueden no ver o encontrar maneras alternativas de mantener a sus hijos, hijas y a ellas mismas. Lo mismo sucede con las madres adolescentes quienes pueden verse excluidas de oportunidades educativas a nivel secundario y universitario que les abrirían caminos para trascender la pobreza.[8] Asimismo, conviene tener en cuenta que la violencia y la pobreza son fenómenos interseccionales. Es decir, se manifiestan de manera diferente según al grupo o grupos al que pertenezca una mujer. En este sentido, no es lo mismo ser una mujer pobre y negra en Moca que ser una mujer blanca y pobre en Guaynabo o ser una mujer lesbiana y profesional en San Juan. Las intersecciones entre género, raza, clase, orientación sexual e identidad de género inciden en el empobrecimiento y violencia en contra de las mujeres y las afecta de manera diferente según sea el caso.[9] 


Como se puede apreciar, la pobreza aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a ser expuestas a situaciones de violencia. Es por ello que los Estados vienen obligados, si realmente están interesados en la erradicación de la discriminación y violencia en contra de las mujeres, a promulgar políticas públicas y a establecer presupuestos con perspectiva de género incluyendo al poder judicial. En el año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) produjo un informe titulado Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas.[10] Este Informe estuvo motivado porque “la labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres revel[ó] que las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos”.[11] 

Dentro de los problemas estructurales en los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres, la CIDH identificó “la ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos; la falta de recursos humanos y financieros para atender los problemas persistentes y estructurales”,[12] entre otros. De hecho, la CIDH observó que uno de los escollos principales a los que se enfrentan las mujeres a la hora de presentar denuncias es la falta de instancias judiciales disponibles a lo largo de los territorios nacionales, lo que implica un uso significativo de recursos económicos como así también arreglos logísticos por parte de las sobrevivientes para presentar una denuncia y participar del proceso judicial. En ese sentido, la CIDH destacó la importancia de los mecanismos comunitarios como, en el caso de Puerto Rico, lo son las salas municipales de los tribunales a la hora de proveer protección a las mujeres víctimas de violencia en zonas rurales, pobres o marginadas.[13] De igual manera, la CIDH identificó la falta de presupuesto y recursos de los mecanismos estatales que intervienen con la investigación y procesamiento de los casos de violencia contra las mujeres como uno de los problemas estructurales que enfrentan los estados a la hora de atender este asunto.[14] 

De hecho, las Organizaciones No Gubernamentales que comparecieron en marzo ante la CIDH para exponer la situación de los derechos humanos en Puerto Rico,[15] informaron que aun cuando Puerto Rico consta con salas especializadas para atender casos de violencia doméstica, éstas solo se ubican en seis de las trece regiones judiciales.[16] De igual manera, el Informe ante la CIDH revela lo que ha sido la experiencia de defensoras y sobrevivientes de violencia doméstica en cuanto al trato dispar recibido por las últimas en las salas especializadas vis a vis las salas municipales. Ejemplo principal es la falta de garantías sobre acompañamiento y servicios para las sobrevivientes y la convergencia de víctima y agresor en un mismo espacio debido al reducido tamaño de las salas municipales. El informe denunció los recortes presupuestarios hechos a la Rama Judicial como el obstáculo principal para extender el programa de salas especializadas para atender casos de violencia doméstica y, en consecuencia, para viabilizar el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la justicia[17] de las mujeres.[18] 

Contrario a las recomendaciones de los organismos internacionales de promoción de los derechos humanos, la Ley 66-2014, Ley especial de sostenibilidad fiscal y operacional del Gobierno de Puerto Rico, impactó directamente el presupuesto de la Rama Judicial. A diferencia de la Ley 7-2009 que exceptuó de sus disposiciones a la Rama Judicial, la Ley 66-2014 congeló todos los aumentos y dispuso una reducción del presupuesto del 7.4% para el año fiscal 2014-2015. De esta manera, la Rama Judicial sufrió una reducción de 53.9 millones de dólares para el año fiscal 2014-2015[19] y se enfrenta a una nueva reducción para el año fiscal que se avecina que podría rondar el los 69 millones de dólares. Según el presupuesto recomendado para el año fiscal 2015-2016, la Rama Judicial estaría recibiendo $11.2 millones menos que el año fiscal anterior para un total de $65 millones menos sin contar el ajuste que ordena la Ley 66-2014.[20] Esto último equivale a una reducción de un 20% del presupuesto vigente.[21] En expresiones escritas, la Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, denunció que los posibles recortes dejarían prácticamente inoperante a la Rama Judicial. [22] 

Los recortes sufridos para el año fiscal 2014-2015 conllevaron una serie de medidas de reducción de gastos en los tribunales. Entre estos se solicitó a la Directora Administrativa de los Tribunales que evaluase, entre otros programas, las Salas Especializadas de Violencia Doméstica de suerte tal que se considerasen alternativas para su funcionamiento. Sin embargo, la Jueza Presidenta dejó claro que debería posponerse la expansión de los programas en la medida que no hubiesen fondos asignados. Además, la orden contemplaba un plan de cierre de tribunales municipales, la coordinación de cierres parciales del Tribunal General de Justicia, entre otras medidas para atender la reducción presupuestaria. Además, la Oficina de Administración de Tribunales debía rendir un informe trimestral evaluando las medidas antes de implementarlas.[23][24] 

Previo al anuncio de medidas de reducción, el 20 de junio de 2014, se anunció el cierre de los tribunales municipales de Cataño, Naranjito y Moca.[25] En octubre siguiente, la Jueza Presidenta anunció el cierre de las salas municipales de Las Marías, Maunabo y Naguabo.[26] El 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer coincidentemente, Primera Hora reportaba que se cerrarían las salas municipales de Peñuelas y Jayuya.[27] El 30 de enero de 2015 se anunciaron nuevos cierres de salas municipales tocándole el turno esta vez a Aguas Buenas, Cidra y Gurabo.[28] Recientemente se anunció el cierre de la sala municipal de Juncos totalizando doce las salas municipales cerradas.[29] 

Aunque todos los cierres están relacionados a la drástica reducción del presupuesto de la Rama Judicial y que, según explicara la Jueza Presidenta, éstos buscan reducir las partidas destinadas al pago de cánones de arrendamiento, habría que ver si la medicina no resultará peor que la enfermedad. Debemos tener en cuenta que estas medidas que, en principio, parecieran ser ciegas al género inciden de manera diferenciada en hombres y mujeres. En un país donde la pobreza está feminizada y los índices de violencia en contras de las mujeres son alarmantes, este tipo de políticas nunca son ciegas al género. Así, cabe preguntarnos cómo afecta el cierre a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. 

El Anuario Estadístico más reciente, 2013-2014, revela que, durante este periodo, se solicitaron 1,429 órdenes de protección en los doce municipios donde se cerraron las salas municipales del Tribunal General de Justicia.[30] En éstos se solicitan alrededor del 6.73% de las órdenes de protección solicitadas en la Isla. El número total de órdenes solicitadas en estos doce municipios es menor al número solicitado en San Juan donde para el año 2013-2014 se solicitaron un total de 2,387 órdenes de protección. Coincidentemente, la cantidad de personas que viven bajo la línea de pobreza en estos municipios superan, en la mayoría de los casos por más de diez puntos porcentuales al municipio de San Juan, alcanzando, en algunos casos, más de veinte puntos. Aunque no existe un estudio formal que pueda relacionar el número de órdenes de protección solicitadas con los índices de pobreza de los municipios, no podemos dejar de llamar la atención sobre esta coincidencia. Sobre todo porque, por ejemplo, el Informe sobre acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de la CIDH señala que la pobreza es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer el derecho al acceso a la justicia. 

Economistas feministas han denunciado que las mal llamadas políticas de austeridad resultan en detrimento del desarrollo y los derechos de las mujeres. En ese sentido, Lina Gálvez, ha denunciado el triple impacto que reciben las mujeres cuando los gobiernos implementan medidas de reducción de gastos. Señala Gálvez que “[el] efecto de reducción de ingreso les afecta en mayor grado, dado que las mujeres individualmente o los hogares que encabezan están en mayor medida concentrados en los niveles de por sí más bajo ingreso. Por otro, porque al basarse en la reducción del gasto público desaparecen o debilitan los servicios de los que son en mayor medida usuarias o potenciales sustitutas en su provisión. Por último, porque todo ello supone una re-privatización de los cuidados, que puede suponer un relativa ‘vuelta a casa’ como herramienta clave de sumisión y control social”.[31] Asimismo, Lina Gálvez plantea que las crisis siempre implican retrocesos en las políticas para adelantar la equidad de género conseguidas en momentos de mayor presupuesto.[32] 

Esta precarización de las condiciones de vida de las mujeres en épocas de crisis conlleva el aumento en los factores de riesgo de que las mujeres sufran violencia. Una publicación reciente de ONU Mujeres identifica entre estos factores la pertenencia de las mujeres a grupos excluidos o marginados, limitadas oportunidades económicas, actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina, asuntos asociados a la pobreza como hacinamiento y tensión económica, bajos niveles de intervención comunitaria, entre muchos otros.[33] En ese sentido, los mecanismos de protección provistos por el Estado deben estar accesibles a todas las mujeres en general atendiendo la interseccionalidades de clase, raza, orientación sexual e identidad de género en particular. Es decir, no es irrazonable pensar que para atender la violencia en contra de las mujeres de manera equitativa deberían reforzarse las instancias judiciales allí donde las mujeres son más vulnerables por razón de su condición social o económica, su raza, su orientación sexual o identidad de género. A ello apuntan las recomendaciones de los organismos internacionales. 

No hay duda de que las salas especializadas en casos de violencia doméstica[34] son fundamentales para el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la justicia de las mujeres. Sin embargo, éstas sólo están presentes en los municipios de San Juan, Bayamón, Caguas, Fajardo, Utuado y Arecibo. Estos municipios, con excepción de Utuado y Arecibo, figuran entre los menos pobres de la Isla. De igual manera, los números de órdenes de protección solicitadas son menores en estos dos municipios. Poder establecer una relación entre cantidad de órdenes de protección solicitadas y los niveles de pobreza excede las pretensiones de esta columna, sin embargo habría que preguntarse si la Oficina de Administración de Tribunales consideró la posibilidad de que a mayor índices de pobreza menores las posibilidades de que las mujeres puedan solicitar una orden de protección a la hora de establecer el cierre de las salas municipales. 

Igualmente, es pertinente indagar si la Oficina de Administración de los Tribunales estableció algún tipo de plan, acuerdo colaborativo, protocolo, o acción destinada a asegurarle a las mujeres que buscan una orden de protección acceso a los tribunales en aquellos lugares donde las salas municipales ya no están o no estarán disponibles. Es decir, nos toca a todos y a todas exigir que el Estado provea a las mujeres en situación de vulnerabilidad los mecanismos necesarios para proteger sus vidas y las de sus hijos e hijas. Un acceso equitativo a los mecanismos de protección implica poder atender las diferencias que resultan en un acceso desigual a la justicia de las mujeres para asegurar así un acceso igualitario a todas ellas. En este sentido, es indispensable que a la hora de establecer presupuestos y prioridades se establezcan con perspectiva de género, de otra manera la equidad se convierte en un estribillo de moda más nominal que real. 

Como activista y abogada estoy consciente de los retos presupuestarios que enfrenta la Rama Judicial a raíz de los recortes propuestos por el Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa. Coincido con la Juez Presidenta con que las reducciones sufridas ponen en peligro el balance constitucional. Sin embargo, más allá del balance constitucional existe un peligro que es mucho más real y que impacta directamente las vidas de los sectores más vulnerables del País. El cierre de las salas municipales ponen en peligro la vida de cientos de mujeres que verán dificultado el acceso a una orden de protección ya sea por falta de transportación privada, asuntos logísticos, escasos recursos económicos, redes deficientes de transportación pública, entre otros. No hay duda que los recortes exacerban los factores de riesgo y profundizan los problemas estructurales de los sistemas judiciales poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las mujeres. 

Aunque la reducción presupuestaria es el resultado del diseño político sobre el cual se erigen nuestros arreglos institucionales y la toma de decisiones sobre los mismos recae en la Asamblea Legislativa, urge pensar cómo podemos garantizar las vidas de las mujeres estableciendo análisis integrales más allá de los meramente mercantilistas en términos de costos y beneficios. Esta forma de aproximarse a las crisis fiscales ha demostrado que no adelanta el desarrollo social ni redunda en mejores y mayores políticas para la ciudadanía. No hay duda que hay que exigirles a la Legislatura y al Ejecutivo que a la hora de aprobar las políticas fiscales y económicas tomen en consideración el impacto diferenciado que este tiene en hombres y mujeres. 

Ahora bien, la Rama Judicial no está exenta de tomar en cuenta estas consideraciones a la hora de tomar decisiones administrativas. De la misma forma que se les exige a los jueces y juezas que fundamenten sus determinaciones judiciales, debemos exigirle a la Administración de los Tribunales que fundamente las determinaciones administrativas que inciden en el acceso a la justicia tomando en consideración el impacto diferenciado que éstas tienen en la ciudadanía. En el caso del cierre de los tribunales municipales cabe preguntarse qué estudio, si alguno, realizó al Oficina de Administración de los Tribunales antes de tomar esta determinación y cuál es el plan con el que cuenta para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la justicia de las mujeres en estos municipios. Al momento de esta columna no pude encontrar información alguna sobre esto, lo cual, de por sí demuestra una falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Es por ello que insisto que nos toca a nosotros y a nosotras fiscalizar la gestión gubernamental y exigir transparencia y rendición de cuentas. La Rama Judicial no puede estar exenta del ojo ciudadano. Únicamente de esa manera se fortalece el ejercicio democrático en sentido amplio y, en consecuencia, nuestras instituciones y derechos. 


[1]Linda I. Colón Reyes, Sobrevivencia, pobreza y “mantengo” La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico el PAN y el TANF, pág. 129 
[2]Íd., pág. 131 
[3] http://www.lfsc.org/sn_display1.php?row_ID=394 
[4] http://www.gdb-pur.com/economy/documents/PREconomicFactSheet-Dec2014.pdf 
[5] http://blog.hernanpadilla.com/2011/01/nivel-de-pobreza-en-puerto-rico-poblacion-mas-pobre-por-municipio/ 
[6] http://demografia.rcm.upr.edu/index.php/series-historicas-datos-censales-2/poblacion-total 
[7]Supra nota 3. 
[8]https://www.amnesty.org/…/act770092009spa.pdf 
[9] http://www.cawn.org/assets/Violencias%20Interseccionales.pdf 
[10] https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf [
11]Íd., pág. 1 
[12]Íd, pág. 78 
[13]Íd. pág. 79 
[14]Íd. pág. 80 
[15]Los hallazgos hechos por las ONG’s están contenidos en Puerto Rico: Territorio Hóstil para las Mujeres, Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2015. Este informe aun no ha sido publicado. 
[16]Véase http://www.ramajudicial.pr/DPJ/Programa-Violencia-Domestica.htm [17] El Informe de la CIDH sobre el acceso a la justicia de las mujeres lo define como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia incluyendo recursos idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Véase Informe, supra nota 10. 
[18]Supra nota 15, págs. 14-15, 
[19] http://ramajudicial.pr/Prensa/Galerias/2014/06-03-14/06-03-14.html 
[20] http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2015-2016/PresupuestosAgencias/010.htm [21]http://ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2015/05-05-15.html 
[22] Íd. 
[23]http://www.ramajudicial.pr/ordenadmistrativa/2014/Orden-Adm-Medidas-Control-Gastos.pdf 
[24] Estos informes trimestrales no están disponibles en la página de internet de la Rama Judicial por lo cual, al momento de este artículo, desconocemos si finalmente se rindieron según ordenado por la Jueza Presidenta. 
[25] http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2014/06-20-14.html 
[26]http://ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2014/10-10-14b.htm [27]http://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/nota/cierrantribunalmunicipaldepenuelasyjayuyaparaeconomizar-1049996/ 
[28]http://ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2015/01-30-15.html 
[29]http://ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2015/05-29-15.html [30]http://www.ramajudicial.pr/orientacion/informes/rama/Anuario-Estadistico-2012-2013.pdf, págs. 186-188. 
[31]Lina Gálvez, Una lectura feminista del austericidio, en Revista de Economía Crítica, http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n15/Crisis-02_linagalvez.pdf 
[32]Lina Gálvez Muñoz y Paula Rodríguez Madroño, La desigualdad de género en las crisis económicas, Investigaciones Feministas, 2011, Vol. 2, pág. 114 http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/38607/37332 
[33] http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1372349315.pdf 
[34] http://www.ramajudicial.pr/DPJ/Programa-Violencia-Domestica.htm - See more at: http://www.80grados.net/violencia-y-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres/#sthash.mLyPqXlA.dpuf

*Originalmente publicado en 80Grados.net, acá.